Gracias a la Ley de Territorios Históricos de 1983 -que supondría
la ruptura del PNV entre centralistas y foralistas al imponer estos sus tesis, y la creación de EA- la Comunidad Autónoma
Vasca goza de una particularidad: sus máximos órganos de representación, el Parlamento
Vasco y el Gobierno Vasco, carecen de autoridad para determinar o ejecutar la política
fiscal, que queda como competencia exclusiva de las Juntas Generales de cada
provincia.
Esta ausencia de armonización fiscal supone
que en Álava se pueda tributar de forma distinta que en cualquiera de
los otros dos territorios históricos y viceversa. No hará falta subrayar las
diferencias programáticas que existen entre Bildu (Gipuzkoa), PP (Alava) y PNV (Bizkaia)
en materia impositiva para hacer visible esta posibilidad.
Pero siendo éste un asunto delicado, no es lo único
negativo de esta situación tan singular. Porque esta distribución de
competencias lo que hace es crear una red de duplicidades y clientelismo que termina por lastrar el bolsillo de los contribuyentes.
El representante de UPyD, Gorka Maneiro, pidió
una reforma profunda de la Ley
de Territorios Históricos porque “no se entiende y no es razonable que una
comunidad autónoma como la vasca, de 2,2 millones de habitantes y 7.200 km2. tenga
cuatro parlamentos, cuatro gobiernos, tres políticas fiscales y tres haciendas”.
Patxi López, al final de su mandato, también
realizó una propuesta similar y ambos políticos cifraron en 400 millones de
euros el coste de las ineficiencias y duplicidades que genera la
LTH. Me
Pero además de diferencias tributarias y de
ineficiencias y duplicidades, hay una cosa que clama al cielo: la afición que
tenemos en este país a los fueros y a los derechos históricos. No he conocido
asunto tan antidemocrático como que el deseo de los muertos prevalezca sobre la
voluntad de los vivos.
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