En el exterior existen dudas sobre la permisividad de las autoridades españolas con el doping. No hace falta indagar mucho, a golpe de clic en Wikipedia se pueden contar más de 40 ciclistas españoles envueltos en casos de dopaje en lo que va de siglo -que no va tanto, apenas 11 años-. Casi todos los casos han tenido la misma puesta en escena: la declaración de honradez del acusado, la certeza -casi nunca cumplida- de poder demostrar su inocencia y el apoyo incondicional del entorno. Pero son demasiados casos como para que no se tomen medidas más drásticas. Y si además de hacer poco, salimos con manifestaciones como las que protagonizaron Rodriguez Zapatero y Rajoy apoyando a Contador sin saber de qué iba la fiesta, pues no hacemos otra cosa que cerrar el círculo de las sospechas.
Yo no quiero entrar en la discusión sobre si hay que permitir o no la utilización de todo tipo de sustancias, ese es otro debate. Lo que hay que subrayar es la existencia de unas normas que todos deben respetar, y quien no lo hace cobra ventaja sobre los demás. Lo que ya no se entiende -y acaba por embarrar todo- es que los perjudicados, el resto de ciclistas en este caso, se solidaricen con el infractor en lugar de llamarle tramposo y exigir su castigo.
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